Marco descriptivo antecedente
Los bienes comunes suelen estar mal definidos y mal defendidos en las sociedades contemporáneas, globalizadas y corporativizadas. Todo lo contrario de los bienes privados y su inserción en la lógica económica del mercado -la capitalización- que suelen estar siempre afiladamente definidos y pertrechados de leyes y recursos políticos que saben enfilarse e incidir en la misma dirección para alcanzar sus metas. Los bienes públicos en manos de los Estados-nación han por otro lado perdido su otrora granítica consistencia legal y se ha generado un vacío que el capital privado ha tendido a ocupar. Los Estados y las organizaciones políticas internacionales han cedido terrenos inmensos a la creciente tendencia hacia la patrimonialización y privatización de todo bien terrenal, espacial biológico, tecnológico y cultural, y han permitido la tremenda acometida sobre los bienes y recursos de todos (o de colectivos y grupos históricamente constituidos) por las tenazas legales y políticas de la avaricia privatizadora.
Ante la propiedad privada, los bienes comunes pueden distinguirse bajo tres categorías legales: res communis, res nullis y res publicae: La propiedad común, la propiedad de ninguno (o no propiedad) y la propiedad pública. Esta última típicamente es aquello común que las leyes ponen bajo custodia del Estado. La res nullis (que cada día se desvanece más y más) es aquello que no es de nadie, como el material del aire (que no el sitio que ocupa), u otrora el agua, los páramos desiertos o el fondo de los mares: aquello sobre lo que no tiene sentido reclamar propiedad. La res communis o propiedad común es una categoría más elusiva y difícil. Puede ceñirse adecuadamente en contextos particulares y en situaciones históricas concretas (los viejos procomunes de las aldeas, u hoy –según la legislación internacional- el espacio exterior) pero carece de definición y foco generales, y suele ser desechada por políticos y juristas como noción útil para atribuir derechos y responsabilidades. La vaga y manipulable (por privatizable) idea de patrimonio de la humanidad ha sido promovida cada vez más como una alternativa para regimentar la gestión de algunos recursos y bienes comunes, culturales, medioambientales, y recientemente tecnocientíficos (v. Gr. El genoma humano). El hecho es que existe en nuestros días una confusión grave en torno a la existencia y gestión de los bienes comunes, que por principio no deberían ser controlados por los sectores privados. Confusión que es continuamente alentada por quienes no entienden otra manera de gestionar riqueza y bienestar que la acumulación asimétrica.
Hay en marcha muchas batallas vagamente descritas, y a menudo mal concebidas, por los defensores de lo común. Aquellos bienes ligados a los ámbitos medioambientales como el aire, el agua, los bosques, los fondos marinos, los hielos de la Antártida, etcétera, otrora consensuadamente comunes se encuentran hoy en litigio. Aspectos y formas cada vez más sofisticadas y recónditas de lo biológico (de aquello que distingue a la materia organizada en seres vivos) son asediados por compañías en busca de patentes biocapitalistas (llámense OGMs, recursos genómicos, tejidos cultivados, etcétera). El cuerpo mismo de la mujer y el hombre, sus fragmentos orgánicos y sus moléculas, caen progresivamente en esa esfera de apropiación y comercio. Algo parecido ocurre con el entorno citadino. El Estado se ha retirado progresivamente de la prestación de servicios comunes que son ya casi todos privados. El hogar, la calle, las plazas, los mercados van perdiendo porosidad y libertad de tránsito y fronteras vigilantes, excluyentes tienden a levantarse de modo cada vez más estrecho. Barreras y cámaras se enfrentan a la natural tendencia de la gente a ocupar los espacios abiertos. La organización de circuitos y regímenes de conducta canalizados que pasan por espacios ceñidos y controlados, y crucialmente privatizados, toca el comercio y sus detritos, el entretenimiento, el deporte, y cada vez más la gestión cultural, y la de la memoria arqueológica e histórica. En el nuevo entorno tecnológico abierto por la computación y la articulación de la red se ha venido dando también una confrontación similar. La dinámica y creatividad, la sinergia que la apertura y la comunalidad que los intercambios en intervenciones en la red mundializada tuvieron en sus primeros y ahora míticos años muy pronto debieron enfrentar la resaca fortísima de la comercialización y privatización de los códigos, del software y de las estructuras sociales que conforman la red.
Las confrontaciones históricas que en vaivén delimitaron los espacios públicos-estatales de los privados han carecido de una adecuada concepción de lo común, y de herramientas teóricas, políticas y legales para delimitarlo y defenderlo. Pero es indudable que existe una axiología comunal alternativa que registra la urgencia y centralidad de detener la avalancha privatizadora y redefinir los espacios en los que se gestionan los recursos y bienes del planeta, de los cuerpos y de las sociedades. En torno a todos los ámbitos que arriba mencionamos (cuerpo, medioambiente, ciudad, ciberespacio) se han venido conformando movimientos de resistencia y de defensa de los intereses comunes (o comunales) anti-patrimonialistas y anti-privatizadores. Movimientos plenos de pensamiento y prácticas que pueden serle útiles como espejo y ejemplo a todos. Se puede defender la noción de que en todos ellos de lo que se trata es de caracterizar y defender bienes comunes que colectivamente pueden denotarse con la vieja noción de Procomún. Todos ellos merecen ser tratados como vinculados y regidos por una economía y una política alternativa que los gestione para todos y los defienda de los asedios de lo privado y de lo estatal. Definir los perfiles teóricos, prácticos, políticos y legales del Procomún es una tarea prometedora y urgente. Es necesario para ello poner en contacto y conciliar el pensamiento y la actividad de los múltiples esfuerzos relativamente aislados que se han vendido dando en cada región problemática.
Carlos López Beltrán
